FAQ sobre el Plan de Ayuda y Recuperación

Revise la Regla Provisional Final y las Preguntas Frecuentes del Tesoro de EE. UU. para conocer su elegibilidad. Un Guía de Referencia Rápida y una Hoja Informativa también están disponibles para consultar durante el proceso. Después de eso, diríjase a la Solicitud ARP para solicitar financiamiento.

La Comisión de Recuperación Equitativa (ERC, por sus siglas en inglés) estará compuesta por un grupo diverso de 12 miembros que juntos proporcionarán responsabilidad y supervisión para la distribución de fondos del Plan de Rescate Americano. La ERC tendrá la responsabilidad de asegurar que tomemos decisiones acertadas sobre cómo invertir el dinero a través de una perspectiva de equidad.

Se necesita una amplia gama de servicios para contener el COVID-19 y son usos elegibles, incluyendo programas de vacunación; atención médica; pruebas; rastreo de contactos; apoyo para aislamiento o cuarentena; apoyos para que las poblaciones vulnerables accedan a servicios médicos o de salud pública; vigilancia de salud pública (por ejemplo, monitoreo de tendencias de casos, secuenciación genómica para variantes); cumplimiento de órdenes de salud pública; esfuerzos de comunicación pública; mejora de la capacidad de atención médica, incluso a través de instalaciones de atención alternativa; compras de equipo de protección personal; apoyo para prevención, mitigación u otros servicios en instalaciones de vida congregada (por ejemplo, hogares de ancianos, entornos de encarcelamiento, refugios para personas sin hogar, instalaciones de vida grupal) y otros lugares clave como escuelas; mejoras de ventilación en entornos congregados, entornos de atención médica u otras ubicaciones clave; mejora de los sistemas de datos de salud pública; y otras respuestas de salud pública. Las inversiones de capital en instalaciones públicas para satisfacer las necesidades operativas de la pandemia también son elegibles, como mejoras en la infraestructura física de hospitales públicos y clínicas de salud o adaptaciones a edificios públicos para implementar tácticas de mitigación del COVID-19.

En general, los usos de financiamiento elegibles bajo el CRF como respuesta a los impactos directos en la salud pública del COVID-19 continuarán siendo elegibles bajo el CSFRF/CLFRF, con las siguientes dos excepciones: (1) se ha actualizado el estándar para la elegibilidad de nóminas de salud y seguridad pública; y (2) los gastos relacionados con la emisión de notas de anticipación de impuestos no son un uso de financiamiento elegible.

La Norma Provisional Final contiene una lista no exclusiva de programas o servicios que pueden ser financiados como respuesta al COVID-19 o a los impactos económicos negativos de la emergencia de salud pública por COVID-19, junto con consideraciones para evaluar otros posibles usos de los Fondos de Recuperación Fiscal que no están explícitamente listados. La Norma Provisional Final también proporciona flexibilidad para que los beneficiarios utilicen los Fondos de Recuperación Fiscal para programas o servicios que no están identificados en estas listas no exclusivas, pero que cumplen con los objetivos de la sección 602(c)(1)(A) o 603(c)(1)(A) al responder a la emergencia de salud pública por COVID-19 con respecto al COVID-19 o sus impactos económicos negativos.

De acuerdo con el enfoque adoptado en el CRF, los beneficiarios pueden realizar depósitos en la cuenta estatal del Fondo Fiduciario de Desempleo hasta el nivel necesario para restaurar los saldos prepandémicos de dicha cuenta al 27 de enero de 2020, o para reembolsar los adelantos recibidos para el pago de beneficios entre el 27 de enero de 2020 y la fecha en que se publique la Norma Final Provisional en el Registro Federal.

Los usos elegibles en esta categoría incluyen asistencia a hogares; pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro; y ayuda a industrias afectadas. La asistencia a hogares incluye, pero no se limita a: asistencia alimentaria; asistencia para el alquiler, hipoteca o servicios públicos; asesoramiento y ayuda legal para prevenir el desalojo o la falta de vivienda; asistencia en efectivo; asistencia de emergencia para entierros, reparaciones del hogar, climatización u otras necesidades; acceso a internet o asistencia en alfabetización digital; o capacitación laboral para abordar los impactos económicos negativos o de salud pública experimentados debido a la ocupación o nivel de capacitación de un trabajador. La asistencia a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro incluye, pero no se limita a: • préstamos o subvenciones para mitigar dificultades financieras como disminuciones en los ingresos o impactos de períodos de cierre de negocios, por ejemplo, apoyando costos de nómina y beneficios, costos para retener empleados, costos de hipoteca, alquiler o servicios públicos, y otros costos operativos; • Préstamos, subvenciones o asistencia en especie para implementar tácticas de prevención o mitigación de COVID-19, como cambios en las instalaciones físicas para permitir el distanciamiento social, esfuerzos de limpieza mejorados, barreras o particiones, o programas de vacunación, pruebas o rastreo de contactos de COVID-19; y • Asistencia técnica, asesoramiento u otros servicios para ayudar con las necesidades de planificación empresarial.

Sí, siempre que el destinatario considere si, y en qué medida, el hogar ha experimentado un impacto económico negativo debido a la pandemia. Además, las transferencias de efectivo deben ser razonablemente proporcionales al impacto económico negativo que pretenden abordar. Las transferencias de efectivo que excedan significativamente la cantidad necesaria para abordar el impacto económico negativo identificado por el destinatario no se considerarían una respuesta a la emergencia de salud pública del COVID-19 o sus impactos negativos. En particular, al considerar el tamaño apropiado de las transferencias de efectivo permitidas en respuesta a la emergencia de salud pública del COVID-19, los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales pueden considerar y guiarse por las cantidades por persona previamente proporcionadas por el gobierno federal en respuesta a la crisis del COVID.

El uso de los Fondos de Recuperación Fiscal generalmente tiene una perspectiva hacia el futuro. La Norma Final Provisional permite que los fondos se utilicen para cubrir costos incurridos a partir del 3 de marzo de 2021.

En general, no. Los beneficiarios deben demostrar que el uso de los fondos aborda directamente un impacto económico negativo de la emergencia de salud pública por COVID-19, incluidos los fondos utilizados para el desarrollo económico o laboral. Por ejemplo, la capacitación laboral para trabajadores desempleados puede utilizarse para abordar los impactos económicos negativos de la emergencia de salud pública y ser elegible.

La ayuda proporcionada a las industrias de turismo, viajes y hospitalidad debe responder a los impactos económicos negativos de la pandemia. Por ejemplo, un beneficiario puede proporcionar ayuda para apoyar la reapertura segura de negocios en las industrias de turismo, viajes y hospitalidad y a distritos que estuvieron cerrados durante la emergencia de salud pública por COVID-19, así como ayudar en una expansión o mejora planificada de instalaciones de turismo, viajes y hospitalidad que se retrasaron debido a la pandemia. Los distritos de desarrollo tribal se consideran los centros comerciales para las industrias tribales de hospitalidad, juegos, turismo y entretenimiento.

Sí, siempre que los beneficiarios consideren la magnitud del impacto en dichas industrias en comparación con el turismo, los viajes y la hospitalidad, las industrias enumeradas en el estatuto. Por ejemplo, a nivel nacional, la industria del ocio y la hospitalidad ha experimentado aproximadamente un 17 por ciento de disminución en el empleo y un 24 por ciento de disminución en los ingresos, en neto, debido a la emergencia de salud pública por COVID-19, A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2021. Los beneficiarios también deben considerar si los impactos fueron causados por la pandemia de COVID-19, en lugar de tendencias económicas o industriales a largo plazo no relacionadas con la pandemia. Los beneficiarios deben mantener registros para respaldar su evaluación de cómo las empresas o distritos comerciales que reciben asistencia fueron afectados por los impactos económicos negativos de la pandemia y cómo la ayuda proporcionada responde a estos impactos.

Sí. Bajo la Regla Final Provisional, los beneficiarios pueden usar los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus para responder a la emergencia de salud pública por COVID-19, incluyendo gastos relacionados con programas de vacunación contra el COVID-19. Consulte 31 CFR 35.6(b)(1)(i). Los programas que ofrecen incentivos que se espera razonablemente aumenten el número de personas que eligen vacunarse, o que motiven a las personas a vacunarse antes de lo que lo harían de otra manera, son un uso permitido de los fondos siempre que dichos costos sean razonablemente proporcionales al beneficio esperado para la salud pública.

Sí. Bajo la Norma Final Provisional, los beneficiarios pueden usar los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus para brindar asistencia a los trabajadores desempleados. Consulte 31 CFR 35.6(b)(4). Esta asistencia puede incluir capacitación laboral u otros esfuerzos para acelerar la recontratación y así reducir el desempleo, como asistencia para el cuidado de niños, ayuda con el transporte hacia y desde un lugar de trabajo o entrevista, e incentivos para los trabajadores recién empleados.

Sí. La Norma Provisional Final permite una amplia gama de servicios para trabajadores desempleados o subempleados y otras personas que sufrieron impactos económicos negativos debido a la pandemia. Esto puede incluir programas de empleo público, empleo subsidiado, programas combinados de educación y capacitación en el trabajo, o capacitación laboral para acelerar la recontratación o abordar los impactos económicos o de salud pública negativos experimentados debido a la ocupación o nivel de capacitación de un trabajador. La amplia gama de servicios permitidos también puede incluir otros apoyos laborales, como asistencia para el cuidado de niños o asistencia con el transporte hacia y desde un lugar de trabajo o entrevista. La Norma Provisional Final incluye como uso elegible la recontratación de personal del sector público hasta el nivel de empleo previo a la pandemia del gobierno. "Personal del sector público" no incluiría a las personas que participan en un programa de capacitación laboral o empleo subsidiado administrado por el beneficiario.